Tren Maya debe hacer público su estudio de impacto ambiental
José Luis Montañez Aguilar, Nacional* martes 15, Feb 2022Derecho de réplica
José Luis Montañez
- Necesario, garantizar que se preservará flora y fauna: INAI
Luego de la larga lista de denuncias interpuestas por activistas en contra de las obras del Tren Maya por los presuntos atentados contra el medio ambiente, se ha determinado que Fonatur debe responder haciendo público su estudio de impacto ambiental y garantizar que se va a preservar la flora y fauna de la región.
De tal manera, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue quien dio a conocer que Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V debe informar sobre el estudio de impacto ambiental que han tenido que realizar para esta obra y cuáles son las acciones que tomarán para contrarrestar los daños que se ocasionen.
El documento emitido refiere los siguiente: “Todo proyecto de infraestructura pública, sobre todo si se trata de la envergadura del proyecto del Tren Maya, debe respaldarse con estudios de diversa índole para demostrar que sus beneficios sociales prevalecen sobre los efectos ambientales y sobre la vida de las poblaciones originarias que habitan en los territorios aledaños”.
Asimismo, deben garantizar que la obra es sustentable una vez puesta en marcha. “Se debe probar que estos beneficios son sustentables y, sin esta evidencia, ningún proyecto de infraestructura pública puede iniciarse”, subrayó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al presentar el asunto ante el pleno.
Lo anterior es anunciado luego de que un activista solicitó a Fonatur información sobre el estudio de impacto ambiental en flora y fauna que debió realizarse para el Tren Maya, argumentando que todo lo que gira en torno a esta obra debe ser de dominio público, a fin de transparentar cada una de sus acciones y cómo se repondrá la flora y fauna pérdida al momento de la construcción, asimismo, que se debe justificar el presupuesto destinado al proyecto.
Inicialmente, el sujeto declaró inexistencia de dicha información, motivo por el que presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En el análisis del caso, la comisionada indicó que luego de analizar el Manual de organización de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., se tiene que hacer pública la información, además las unidades administrativas a las que se turnó la solicitud de mérito existen otras que tienen facultades para intervenir en las actividades que se realizan para la ejecución de la obra.
“Obras como la del Tren Maya deben ser precedidas por una manifestación de impacto ambiental y una evaluación por parte de las autoridades competentes en materia de medio ambiente. Cualquier proyecto de todos los niveles de gobierno debe apegarse a los marcos legales, lo que dará siempre una certeza en su correcta implementación y ante una futura revisión”, apuntó el INAI.
Finalmente, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta proporcionada por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva en la totalidad de las unidades administrativas competentes para dar respuesta a lo solicitado.
Semarnat impide ampliar playa pública
Esta semana, trascendió la denuncia de que gracias a los tecnicismos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Marina Chac Chi ha podido mantenerse en operaciones en la zona hotelera de Cancún, no sólo frenando la conversión de toda la zona en una playa pública, sino explotando con fines de lucro un territorio que le pertenece a la nación, por lo que población local y turistas se han quejado al respecto.
Recordemos que en 2019, la empresa representada por Gaspar Narciso Paredes Cardeña se quedó sin predios colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y más tarde, el 30 de noviembre de 2021, venció el contrato de arrendamiento que tenía con el gobierno del estado, sin embargo en ese momento, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros determinó ampliar la concesión a la empresa hasta el año 2034, bajo el argumento de que no se necesita ser propietario de los terrenos aledaños a la Zofemat para poder utilizarlos con fines de lucro.
En este contexto, un informe rendido por la Semarnat como parte del expediente penal FED/QR/CUN/0000585/2020, que se sigue en contra de la empresa, exhibe cómo la instancia del gobierno federal tomó como válidos documentos que un Tribunal penal de Quintana Roo había determinado previamente como ilegales, asimismo, se revela que no se tomó en cuenta una solicitud formal del gobierno estatal para obtener la concesión de la zona, es decir, que ya se había determinado no dar la prórroga y sin embargó se otorgó.
Explicaron que la concesión de la zona federal, ubicada en el bulevar Kukulcán, kilómetro 3.2, fue otorgada a Paredes Cardeña el 25 de noviembre de 2004, con una vigencia de 15 años es decir, que venció en 2019. Un año antes de su vencimiento, en diciembre de 2018, el empresario cedió los derechos de la concesión ISO MR DGZF-999/04 a la persona moral Marina Chac Chi, S. C. de R. L.
Mientras tanto, el 30 de septiembre de 2019, la autoridad federal determinó negar la prórroga solicitada, para que el 2 diciembre siguiente, el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Gobierno, solicitara formalmente la concesión de ese sitio a la Semarnat.
En este caso, el gobierno quintanarroense buscaba la implementación de una playa pública para el disfrute del turismo local, nacional y extranjero, sin embargo, en septiembre de 2020, la autoridad federal determinó reconsiderar su decisión y entregó a la empresa Marina Chac Chi una prórroga por 15 años más, que en este caso tendría su fecha de vencimiento hasta 2034.
Argumentaron esta decisión en un derecho de audiencia que se le concedió a la empresa Marina Chac Chi, en la que se tomaron en cuenta varios documentos, entre ellos, el contrato de arrendamiento para el uso del estacionamiento y áreas verdes de instalaciones propiedad del estado.
Aun cuando esos mismos documentos fueron el objeto de una causa penal por el delito de fraude procesal, donde Paredes Cardeña fue encontrado culpable y condenado a una pena de 6 meses prisión, aunque fue beneficiado con una multa conmutativa de la pena de prisión por ser “delincuente primario”.
Que Semarnat cubrió daño ecológico
De acuerdo con la denuncia ciudadana, la concesión a Paredes Cardeña fue para 936.45 metros cuadrados de zona federal y obras existentes en la misma, es decir una bodega con muros de block, techo de láminas de asbesto y una terraza de concreto, no obstante, ese permiso más adelante fue ampliado, causando daños irreparables a la flora y fauna de la zona.
Es decir, que cinco años después de obtener la concesión, en diciembre 2009, la Semarnat le amplió el permiso a 1,134.98 metros cuadrados de Zofemat y 724.53 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, donde realizaron diferentes obras.
En ese momento, quedaron registradas obras como las siguientes: Tres palapas de dos metros de diámetro, construidas a base de estructura de madera y techo de zacate; un restaurante de dos plantas construido con muros de block, asimismo, una estructura de concreto armado, losa de entrepiso construida a base de vigueta y bovedilla, techo construido de madera dura de la región, palma y trabes de concreto armado y escaleras de madera.
En cada una de las construcciones de estas estructuras, no hubo mención de permiso alguno solicitado, ni de estudios presentados como la Manifestación de Impacto Ambiental, además de otras autorizaciones.
En el sitio se han realizado más estructuras, como la ampliación del muelle al doble de su tamaño inicial. Incluso, en algún momento fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por realizar obras sin autorización, pero actualmente todo está en operaciones.
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